El Informe “Acceso en la Tierra en el Ecuador a partir de sus politicas públicas más recientes” analiza el acceso a la tierra enfocado en los aprendizajes de dos herramientas de política pública implementadas a poco de promulgada la Constitución ecuatoriana del año 2008:

  • Una de carácter redistributivo como Plan Tierras, y
  • Otra más bien con tono regulatorio como es el Acceso a Tierra de los Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio Ecuatoriano (ATLM).

A propósito del proceso de reflexión, el presente documento busca identificar buenas prácticas identificadas en las últimas políticas públicas, las soluciones y, a partir de ello, las acciones de política que se deben replicar.

Las revueltas contra el sistema colonial-hacendatario en el Ecuador datan del surgimiento de la república (1830). No obstante, con mayor impacto sobre la gran propiedad de la tierra, a partir de 1908 —con la Ley de Manos Muertas durante la presidencia de Eloy Alfaro. La ley empujó al fraccionamiento y entrega de haciendas pertenecientes a la iglesia católica, en principio, para democratizar el acceso a la tierra.

Los proceso de reforma agraria de los años 1960 y 1970, alcanzaron resultados limitados en la estructura de tenencia general, pero con gran significación para trabajadoras y trabajadores de haciendas que se hallaban en condiciones precarias.

Mucho más adelante, en 2008, se buscó modificar el modelo de “desarrollo” hacia el Buen Vivir. Como se señala en el informe, el giro político intentó tener efectos también sobre la estructura de la tenencia de la tierra y las condiciones de acceso. Así, el Ministerio de Agricultura lanzó dos políticas públicas: una de carácter redistributivo (Plan Tierras), de corto impacto nacional y con fallas en su ejecución como todo programa en fase inicial de implementación; otra de tipo regulatorio —Acceso a Tierra de los Productores Familiares y Legalización Masiva en el Territorio Ecuatoriano (ATLM)— para la seguridad jurídica de posesionarias y posesionarios, aún en plena ejecución.

Fueron 76 predios o fincas distribuidas por el Plan Tierras, la mayoría de ellos provenientes del proceso de incautación, y un porcentaje muy reducido, de expropiaciones y tierra estatal. El Plan Tierras exigió de sus beneficiarios organizarse en torno a estructuras asociativas para poder acceder a este recurso y se prohibió venderla durante 15 años luego de la entrega para evitar la especulación en el mercado de tierras.

El precio de los predios y la deuda contraída con el Estado, la reproducción del minifundio, la viabilidad productiva de familias por hectárea, la provisión de recursos productivos primarios como agua de riego y mercado, y, finalmente, las prácticas clientelares en la selección de asociaciones beneficiarias, son ejemplos de debilidad del programa.

Por otro lado, el proyecto ATLM continúa proveyendo herramientas técnicas para permitir que los posesionarios obtengan títulos de propiedad. Se hallan importantes avances para el análisis de la estructura de la propiedad de la tierra rural. Además, otorga seguridad jurídica.

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