En el marco del Proyecto Equiterra, el pasado 16 de julio de 2020, se socializó ante líderes de organizaciones de productores una primera propuesta para la operación del fondo de tierras, a cargo del consultor Michel Laforge. A su criterio, el Fondo constituye un instrumento de justicia social contra la inequidad, mencionado en la Constitución ecuatoriana y en otras herramientas normativas como la Ley de Soberanía Alimentaria y la Ley de Tierras.

Normativa sobre el Fondo de Tierras
IMAGEN: Infografía sobre principales hitos normativos para creación de Fondo de Tierras

En el Ecuador se han efectuado anteriormente dos procesos de reforma agraria (en los años 1964 y 1972). Sin embargo, la tierra sigue estando restringida y en pocas manos. En este contexto, es urgente cumplir un mandato que ya está incluido en las normas vigentes, para dar tierras a quienes las necesitan para producción y garantía de soberanía alimentaria, sobretodo en tiempos de pandemia.

Una alternativa para la implementación del Fondo de Tierras es la construcción de su reglamento, para lo cual se deben considerar aspectos como: mecanismos de adquisición y adjudicación de predios, una institucionalidad que vincule a Estado y organizaciones de productores y mecanismos de acompañamiento técnico. Dentro de los mecanismos para adquisición de tierra están las expropiaciones, las declaraciones de utilidad pública de un predio, por inexistencia de derecho de propiedad o de posesión.

Fondo de Tierras Algunos mecanismos para adquisición de tierras
IMAGEN: Algunos mecanismos para adquisición de tierras

Un fondo de este orden debe contemplar recursos económicos, eventualmente provenientes de impuestos y/o asignaciones presupuestarias del gobierno. Se dio por descontado que la cooperación al desarrollo pueda aportar con recursos relevantes para este esfuerzo, al ser el Ecuador un país catalogado “de renta media”.

En cuanto a la institucionalidad: por parte de asistentes se manifestó la necesidad de garantizar que las organizaciones tengan una participación y una representación real dentro del Consejo Consultivo que se cree, órgano colegiado que integra a la sociedad civil en la toma de decisiones vinculado al Fondo de Tierras.

En conclusión, la iniciativa de construir de manera participativa una propuesta de reglamento para el Fondo Nacional de Tierras cuenta con apoyo desde la sociedad civil. Las organizaciones de productores presentes en la reunión virtual, miraron con expectativa la consecución de este instrumento para una mayor equidad en el acceso a la tierra.