Han pasado casi 12 años desde que dio inicio la única política de redistribución de tierras. Se trata del Proyecto Plan Tierras, ejecutado entre los años 2009 y 2013,  con más de 26.000 hectáreas entregadas correspondientes a 75 predios, puestas en manos de 92 asociaciones. Los predios fueron parte de los bienes incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), resultante de la crisis y “salvataje” bancarios acaecidos entre los años 1999 y 2000.

El Plan Tierras, que reemplazó al Plan Hacienda, buscó contribuir a la reducción de la inequidad de acceso a la tierra, para pequeños y medianos productores agropecuarios, mediante la adquisición, redistribución, legalización de predios estatales, privados y baldíos, utilizados por parte del Estado, anclados a planes, programas y proyectos productivos agropecuarios, que permitan el desarrollo productivo y bienestar de los productores y familias rurales.

En evaluación de medio término, se constató que la “entrega de la tierra no ha tenido el acompañamiento técnico-social necesario, para que los productores/as asuman adecuadamente el reto que supone comenzar a manejar un predio con enormes responsabilidades, como el de volverlo o mantenerlo rentable y responder a compromisos crediticios”.

En este marco, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP) propició el acompañamiento técnico a los socios de la Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA), Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP), y de la Fundación Esquel. Dichas consultorías se llevaron a cabo entre los años 2012 – 2013 (primera convocatoria) y 2016 – 2017 (segunda convocatoria).

En este proceso de acompañamiento técnico, se ha podido determinar que la organización social sólida, contar con liderazgos comprometidos y socios que se dediquen realmente a la actividad agrícola, permitió la sostenibilidad financiera de varias de las iniciativas.

Entre las conclusiones del estudio se aprecia que en la adjudicación del tamaño del lote individual no se definió con claridad  un criterio técnico productivo o social; los planes de producción de las organizaciones, que debían con esos ingresos pagar la respectiva hipoteca, no se construyeron con la participación plena de los socios; dichos planes no consideraron tampoco la capacidad de los socios de aportar con recursos para la producción, éstas entre otras conclusiones.

Para conocer más, acceda aquí al informe realizado por Byron Jaramillo, en el marco del Proyecto Equiterra.