Ecuador importó soya, trigo, manzanas y algunas semillas durante el período de mayor confinamiento nacional por la pandemia del COVID-19 que se dio entre marzo y septiembre pasados, según un estudio del Sistema de Investigación de la Problemática Agraria del Ecuador (Sipae).

El hecho refleja el alto nivel de autosuficiencia y de seguridad alimentaria que hay en el país de la mano de los campesinos.

“Un 70 % de los alimentos de proveniencia agrícola del país son producidos por pequeños y medianos agricultores, que poseen unidades menores de 10 hectáreas (ha), un promedio de 1,2 ha”, dice Francisco Hidalgo Flor, investigador del Sipae.

El estudio determina que el comercio de exportación cayó el 60 % en el mismo periodo, lo que saca a relucir nuevamente la dependencia de la economía del petróleo y de las exportaciones agrícolas.

El Sipae calcula que en cada año del 2000 al 2020 se han perdido entre 10.000 y 20.000 ha de cultivos transitorios. “Pasamos de tener aproximadamente casi un millón de hectáreas de este tipo de sembríos que dan diversidad a la producción en el 2000 a unas 800.000 en el 2020”, afirma.

El retroceso del área se debe a presiones como el crecimiento urbano o los procesos hacia la agroexportación, dice Hidalgo. Hay 1,2 millones de hectáreas de cultivos perennes.

Una alternativa, agrega, es hacer que la vida en el campo sea más rentable. Hidalgo propone dos tipos de políticas: franjas de precios que protejan el costo de la producción para los campesinos y una red de centros de acopio, distribución y consumo para conectar los sembríos con las zonas populares de las ciudades.

Un producto fuertemente amenazado en los últimos meses es la leche, asegura Hidalgo. Los campesinos venden un litro en $ 0,20 pese al precio oficial de $ 0,43. “Pueden existir políticas de subsidios que garanticen el precio”, indica.

El COVID-19 volvió visible el rol fundamental que cumple la agricultura campesina, señala Sylvain Bleuze, coordinador para Ecuador de Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras (AVSF).

La incertidumbre al inicio de la pandemia con premisas como que el virus se contagiaba a través del aire no detuvo a los agricultores.

“Los países que no tienen una agricultura diversificada, es decir, que solamente se han enfocado hacia ciertos rubros de producción, en particular para la exportación, se volvieron muy vulnerables ante el cierre de fronteras”, manifiesta Bleuze.

Las heroínas han sido las mujeres, agrega, porque a más del trabajo agrícola y doméstico regular, hay un retorno al campo, lo que implica una carga de trabajo adicional de cuidado con más familiares.

La pandemia motivó procesos migratorios de la ciudad al campo y de zonas rurales plagadas de monocultivos a otras con una mayor diversidad con un repunte de la venta directa y del trueque ancestral entre regiones.

Un ejemplo fue el intercambio entre organizaciones campesinas del arroz que se siembra en el valle del río Portoviejo en el cantón Rocafuerte, en Manabí, a cambio de frutas y verduras que llegaron de Esmeraldas.

La tendencia de la reducción de las mejores tierras también se da por la instalación de camaroneras. “Hay piscinas incluso tierra adentro con agua dulce”, asegura Bleuze.

Los especialistas resaltan que desde la década de los noventa del siglo XX no se ha dado una política efectiva para proteger los suelos del Ecuador. “El tema de los planes de ordenamiento territorial tampoco protegen mucho a la tierra productiva”, dice Bleuze.

Una de las falencias es la falta de un censo actualizado que determine el número de unidades agropecuarias existentes en el país. El último data del 2000 con 840.000 unidades, dice Bleuze.

“Ahora probablemente estamos más del millón, entonces cómo se pretende planificar una política si ni siquiera sabemos cuántas unidades hay”, considera.

La respuesta estatal, coinciden los especialistas, es con la idea preconcebida de que los campesinos son para hacer un poco de agricultura de sobrevivencia y los grandes sí son eficaces, eficientes y generan divisas.

“Pero eso es totalmente falso porque si a un agricultor se le da algo de tierra y riego en una zona idónea puede producir banano orgánico para la exportación”, señala Bleuze.

A ello se suman las políticas paternalistas. AVSF hizo un seguimiento sobre la creación de infraestructura en zonas rurales durante el régimen del expresidente de la República Rafael Correa.

Un ejemplo son los más de $ 175 millones invertidos en centros de acopio y bodegas. “Estos sitos están botados porque se entregan herramientas a grupos que no están consolidados, que no tienen la capacidad para administrarlos y los juntan desde el Estado de forma forzada”.

De seis mil organizaciones registradas en el Ministerio de Agricultura, afirma Bleuze, prácticamente menos de 400 funcionan.

Fuente: Diario El Universo